La tarjeta de residente para estacionamiento —expedida por los Ayuntamientos o entes municipales— no es un simple adhesivo o cartulina: es un documento oficial que habilita a su titular para disfrutar de condiciones específicas de aparcamiento (zonas reguladas, residentes, exenciones, tarifas reducidas). Fabricarla, venderla o distribuirla de forma ilícita, así como comercializar kits que simulan el formato municipal con numeración y medidas de seguridad, trasciende la sanción administrativa y encaja, con carácter general, en delitos de falsedad documental (arts. 390 y 392 CP), a menudo en concurso con estafa (arts. 248 y ss.), delito continuado (art. 74), receptación/encubrimiento (si procede), blanqueo en supuestos con flujo económico relevante, e incluso pertenencia a grupo u organización criminal (art. 570 bis) cuando hay estructura estable. Las penas previstas incluyen prisión, multas relevantes, decomisos y responsabilidad civil cuantiosa.
Este artículo ofrece la hoja de ruta integral para perseguir —o defender— estos casos con rigor: tipicidad, prueba (documentoscopia, OSINT, cadena de custodia), medidas cautelares que sí se conceden, cálculo de perjuicios y petitum que se ejecuta. Incluimos modelos operativos, checklists de 48–72 horas, claves de compliance para negocios de impresión y casuística realista de despacho.
1) Por qué la venta de tarjetas de residente falsas es un problema penal
- Bien jurídico protegido: la fe pública (confianza social en los documentos oficiales) y, por vía de estafa, el patrimonio público (tasas, precios de aparcamiento, anulación fraudulenta de sanciones) y privado (si hay engaño a compradores).
- Documento oficial: la tarjeta de residente la expide una administración y lleva signos de autenticidad (número único, QR, sello, laminado, tipografía, holograma según municipio). Es documento público u oficial a efectos del art. 390 CP.
- Mercado ilícito rentable**:** una impresora térmica, láminas, plantillas y redes sociales bastan para colocar decenas de tarjetas. El impacto en recaudación y en el uso de plazas es real.
- Reproche agravado cuando hay distribución: no es el uso aislado por un conductor; es poner en circulación documentos falsos que multiplican víctimas y perjuicios.
Idea directriz: quien fabrica, vende o distribuye tarjetas de residente falsas comete falsedad; quien las usa —sabiendo su falsedad— comete uso de documento falso. Si además hay lucro, estafa. Cuando existe estructura (diseño, impresión, logística, cobros y envío), hablamos de grupo u organización criminal.
2) Mapa legal (Código Penal) y encajes frecuentes
Núcleo de tipicidad
- Art. 390 CP – Falsedad en documento público u oficial: alterar elementos esenciales, simular documento, suponer intervención, o fabricar soporte carente de autenticidad. Penas: prisión y multa; si el autor es autoridad/funcionario, además inhabilitación.
- Art. 392 CP – Uso de documento falso: quien a sabiendas utiliza documento de los del 390, responde penalmente (el usuario/cliente).
- Art. 395 CP – Falsedad en documento privado: residual en esta materia (la tarjeta es oficial).
Concurso y figuras conectadas
- Art. 248 y ss. CP – Estafa: engaño bastante para obtener lucro (p. ej., el vendedor cobra por una “tarjeta válida” engañando al comprador, o el usuario evita tasas/sanciones).
- Art. 74 CP – Delito continuado: fabricación/ventas/entregas reiteradas del mismo modus operandi → una pena con agravación.
- Art. 570 bis CP – Organización criminal: estructura estable con reparto de roles (diseño, impresión, cobros, envíos).
- Art. 31 bis CP – Responsabilidad de la persona jurídica: si la venta se canaliza a través de una empresa o comercio “pantalla”.
- Arts. 127 y 127 bis/quáter CP – Decomiso (y ampliado): beneficios, instrumentos (impresoras, laminadoras, stocks) y efectos.
- Art. 129 CP – Medidas a personas jurídicas o establecimientos: clausura, suspensión, prohibición de actividades, intervención judicial.
- Art. 301 CP – Blanqueo de capitales: supuestos de reinversión y ocultación del origen ilícito de ganancias relevantes (no siempre concurre, pero conviene analizar flujos).
- Encubrimiento/Receptación: para el minorista que coloca tarjetas recibidas sabiendo su origen falsario.
Regla práctica: los tres pilares procesales que verás en sala son falsedad (390), uso (392) y estafa (248). A partir de ahí, se agregan continuado, grupo y decomisos.
3) Conductas típicas: del diseñador al repartidor
- Diseñador: crea plantillas (logos, sellos, tipografías, QR) que simulan el modelo municipal, a veces con bases de datos de números “verosímiles”.
- Impresor: fabrica en PVC/laminado con maquinaria específica; perfora, lamina, imprime seriación; puede “envejecer” para imitar uso.
- Comercial: publica en redes/marketplaces (“tarjeta residente 100% como la original”), capta pedidos y cobra (bizum, criptos, remesadoras).
- Distribuidor: empaqueta y envía por correo/paquetería; a veces deja en taquillas anónimas.
- Minorista: comercios de copistería/rotulación que “aceptan encargos” con apariencia de “souvenir”.
- Usuario final: conductor que compra y exhibe la tarjeta para evitar ORA, sanciones o ganar plazas.
Todos los eslabones responden penalmente en su grado de intervención (autoría, cooperación necesaria, complicidad), con penas que crecen cuanto mayor sea la capacidad de producción y la diseminación.
4) Qué prueba funciona (acusación) y cómo defenderse con técnica (defensa)
4.1. Prueba de cargo eficaz
- Aprehensión y cadena de custodia: incautación de tarjetas, planchas, impresoras térmicas, guillotinas, laminadoras, tintas UV, hologramas; etiquetado, acta, custodia.
- Pericial documentoscópica: cotejo de soportes, tintas, tipografías, microimpresiones, UV, hologramas, QR contra patrones oficiales del Ayuntamiento.
- Oficios municipales: formato oficial vigente, numeración asignada, vigencia y expedición; muchos Ayuntamientos acreditan imposibilidad de que terceros emitan tarjetas.
- OSINT y capturas**:** anuncios, perfiles, posts, chats, reseñas de compradores; sellados con fecha/URL.
- Financiera: movimientos bizum, pasarelas, cripto (direcciones, trazabilidad), TPV; listados de envíos con mensajerías.
- Clientes arrepentidos**:** declaraciones, tarjetas compradas, justificantes de pago.
- Registro de locales/viviendas**:** hallazgo de stock, plantillas, USBs, cuadernos con pedidos.
- Perjuicio: informe municipal de tasas no ingresadas, sanciones anuladas, impacto en ocupación de plazas; estimaciones razonadas.
4.2. Claves de defensa
- Atacar la oficialidad: intentar reconducir a documento privado (difícil si el diseño imita claramente al oficial).
- Dolo: negar conocimiento de la falsedad (“encargo de impresión sin saber uso final”), sostener uso lúdico (souvenir) si no hay apariencia de original; muy limitado cuando hay imitación minuciosa.
- Prueba ilícita/cadena: nulidades por entradas o registros sin autorización, custodia deficiente, pericial sin patrones certificados.
- Errores de identidad: perfiles clonados, envíos a terceros; exigir trazabilidad plena.
- Atenuantes: confesión, colaboración, reparación (devoluciones), dilaciones indebidas. Conformidad en mínimos para buscar suspensión de pena y decomisos pactados.
- Personas jurídicas: programas de compliance efectivos (art. 31 bis) para eximir o atenuar responsabilidad del negocio imputado.
Conclusión probatoria: en venta/distribución, el núcleo será la pericial + oficios + OSINT + trazabilidad financiera/paquetería. En defensa, la calidad de la cadena y la oficialidad del formato son los flancos críticos.
5) Medidas cautelares que sí conceden los juzgados
- Entrada y registro (domicilios/locales) para decomisar impresoras, planchas, stocks, ordenadores y documentación.
- Clausura temporal de establecimientos (art. 129 CP) si el negocio sirve a la actividad ilícita.
- Bloqueo de cuentas, pasarelas y cripto (wallets identificados), embargo preventivo para asegurar responsabilidad civil.
- Cese de actividad y retirada de contenidos en perfiles/redes (oficios a plataformas).
- Prohibición de recrear o distribuir documentos oficiales mientras dure el proceso (medida de cesación).
- Anotación preventiva si se vinculan bienes inmuebles al lucro.
Caución: ajustada al volumen estimado de negocio ilícito; la proporcionalidad favorece el auto.
6) Cálculo de perjuicios y responsabilidad civil
Para la Administración (Ayuntamiento/empresa pública):
- Tasas no ingresadas/ORA eludida: estimación por fechas, zonas y tarifas (si hay lecturas o cámaras, mejor).
- Sanciones indebidamente anuladas por exhibir tarjeta falsa.
- Costes operativos: inspección, control, retirada, pericial.
- Daño institucional (limitado, pero alegable) por afectación al servicio de residentes legítimos.
Para compradores estafados (si se les vendió “como válidas”):
- Precio abonado, gastos y daños derivados (p. ej., multas posteriores, inmovilizaciones).
Intereses: legales desde la consumación o desde la reclamación; procesales desde sentencia.
Decomiso: del beneficio obtenido —ventas, efectivo, cripto, equipos— y destrucción de soportes.
7) Estrafas agravadas y organización: cuándo sube la pena
- Estafa agravada (art. 250 CP): concurren hitos como especial gravedad, valor elevado del perjuicio, afectación a una generalidad de personas/Administración, uso de documentos; puede elevar la pena.
- Organización criminal (art. 570 bis): estructura estable y coordinada para delinquir → añade penas específicas además de la falsedad/estafa.
- Reincidencia: antecedentes por delitos contra la fe pública/patrimonio.
- Delito continuado: producción/ventas reiteradas → pena única en grado alto.
8) Responsabilidad de la persona jurídica (art. 31 bis CP)
Si la actividad se canaliza a través de una empresa (p. ej., copistería/rotulación), puede exigirse responsabilidad penal a la persona jurídica por falsedad/estafa, con penas como multas por cuotas, clausura, suspensión de actividades, prohibición de contratar con el sector público, intervención judicial.
Compliance eximente/atenuante:
- Mapa de riesgos (prohibición expresa de reproducir documentos oficiales).
- Protocolos de aceptación de encargos (solo con licencia/ autorización municipal verificable).
- Formación del personal en fe pública y documentos oficiales.
- Canal de denuncias y reacción disciplinaria.
- Auditoría de pedidos “sospechosos” (múltiples tarjetas, petición de numeración, exigencia de hologramas).
9) Modelos procesales (extractos listos para adaptar)
9.1. Querella de Ayuntamiento/empresa pública (acusación particular)
HECHOS.— Desde fecha [●], los querellados han venido fabricando, vendiendo y distribuyendo tarjetas de residente falsificadas, imitando el formato oficial del Ayuntamiento de [●], con numeración y signos de autenticidad simulados. Se han intervenido [n] tarjetas, impresoras, laminadoras, plantillas y pedidos; la pericial documentoscópica concluye simulación y los oficios municipales acreditan inexistencia/no expedición de los números. Existen pagos por [importe] y envíos a [localidades].
CALIFICACIÓN JURÍDICA.— Falsedad en documento oficial (art. 390 CP) y, en concurso ideal, estafa (art. 248 y ss. CP); delito continuado (art. 74 CP) y organización criminal (art. 570 bis CP). Responsabilidad civil por tasas no ingresadas y sanciones anuladas.
MEDIDAS CAUTELARES.— Entrada y registro; clausura cautelar del local (art. 129 CP); bloqueo de cuentas/pasarelas/cripto; retirada de contenidos online; decomiso cautelar de maquinaria y stock; prohibición de emitir/ reproducir documentos oficiales.
SUPLICO.— Se admita, se practiquen diligencias propuestas y, en sentencia, se impongan penas de prisión y multa, decomisos, responsabilidad civil e imposición de costas.
9.2. Escrito de defensa (sumario)
HECHOS DISCREPANTES.— La mercantil [●] no emitió tarjetas “oficiales”, sino merchandising sin valor acreditativo; no existe dolo específico ni apariencia de original.
CUESTIONES PREVIAS.— Nulidad de registro por falta de motivación; cadena de custodia defectuosa sobre USBs.
FONDO.— Ausencia de patrones oficiales en la pericial; imposibilidad de confusión razonable; inexistencia de engaño bastante a compradores (informados de que no habilita).
ATENUANTES.— Colaboración, reparación (devoluciones), dilaciones.
SUPLICO.— Absolución; subsidiariamente, pena en mínimos, suspensión y devolución de equipos no afectos.
10) Árbol de decisión táctico (acusación y defensa)
Acusación (Ayuntamiento/Policía):
- Vigilancia OSINT → capturas con fecha/URL.
- Operativa de entrega controlada (si posible) para cerrar trazabilidad.
- Entrada/registro con decomiso de material y volcado forense.
- Pericial con patrones oficiales y oficios de formato/numeración.
- Bloqueos financieros y clausura del local.
- Cálculo de perjuicios y decomiso ampliado.
Defensa:
- Acceso al expediente completo y cotejo de autorizaciones/mandamientos.
- Auditoría de la pericial: exigir patrones y trazabilidad; si no, impugnar.
- Dolo/engaño: reconstruir comunicación comercial (“decorativo”, “no oficial”) y desactivar “engaño bastante”.
- Conformidad si la prueba es sólida: mínimos, suspensión, decomiso pactado, reparación.
- Personas jurídicas: activar compliance y colaboración para atenuar.
11) Casuística aplicada (cuatro escenarios frecuentes)
Caso A. “Taller” doméstico con ventas en redes
- Hechos: impresora térmica, laminadora y plantillas; anuncios con “idéntica a la municipal”; pagos por bizum y envíos por punto pack.
- Prueba: pericial + oficios; listados de envíos; chats.
- Resultado: condena por 390 + 248; delito continuado; prisión en mínimos con suspensión, multa, decomiso integral, RC a Ayuntamiento.
Caso B. Copistería que “aceptaba encargos”
- Hechos: local con maquinaria; alegan desconocimiento.
- Prueba: pedidos reiterados, uso de hologramas y numeración; aviso previo del Ayuntamiento ignorado.
- Resultado: persona física y jurídica condenadas; clausura temporal (art. 129), multa a la sociedad, intervención de equipos.
Caso C. Minorista que revendía tarjetas “ya hechas”
- Hechos: compra a “proveedor” y reventa.
- Prueba: stock, chats, márgenes.
- Resultado: complicidad o cooperación necesaria según rol; RC solidaria; decomiso de ganancias.
Caso D. Organización con roles y reparto de ciudades
- Hechos: diseñador central, impresores en dos provincias, comerciales y “jefes” de zona.
- Prueba: intervenciones coordinadas, wallets cripto, planillas de objetivos.
- Resultado: falsedad, estafa, organización criminal; penas más severas y decomiso ampliado.
12) Preguntas frecuentes (FAQ)
¿Siempre hay prisión efectiva?
Existe pena de prisión prevista. Su cumplimiento efectivo depende de antecedentes, cuantía, continuidad, organización, reparación y conformidad. En primeras condenas y con reparación, es habitual la suspensión de la ejecución.
¿Y si se vendía como “decoración” sin ánimo de engaño?
Si el producto no guarda apariencia de oficialidad o se comunica de forma clara su inutilidad, puede excluir la tipicidad penal (o reconducirse a competencia desleal/consumo). Pero si simula el formato y se usa para engañar a controladores, la vía penal entra.
¿El comprador (usuario final) comete delito?
Sí, si sabe que es falsa y la usa (art. 392). Si además la compra bajo engaño, puede ser también perjudicado por estafa; dependerá de la prueba.
¿Se puede reclamar todo lo “ahorrado” por miles de usuarios?
La RC se ancla a lo acreditado. Pueden hacerse estimaciones razonables con datos de uso/zonas, pero conviene individualizar muestras y proyecciones justificadas.
¿Puede el Ayuntamiento cerrar una copistería?
Sí, cautelarmente y en sentencia, conforme al art. 129 CP, si la actividad facilita la comisión de delitos.
¿Sirve el compliance para la empresa?
Bien diseñado, puede eximir o atenuar la responsabilidad (art. 31 bis): protocolos claros, prohibición de reproducir documentos oficiales, verificación de pedidos y canal de denuncias.
13) Compliance para copisterías, rotulistas y “makers”: evita el riesgo penal
- Lista roja de encargos: documentos oficiales (tarjetas residente, PMR, carnés, distintivos) → rechazo automático salvo orden/autorización municipal fehaciente.
- Verificación reforzada: si el cliente aporta “plantilla oficial”, consultar a servicio jurídico y documentar negativa.
- Cláusulas en hojas de encargo: prohibición de reproducir documentación oficial; declaración del cliente; copia de DNI y motivo.
- Registro de pedidos “sensibles”, con alertas por volumen y por “vocabulario” (numeración, hologramas).
- Formación del personal**:** señales de simulación (tipografías municipales, escudos, QRs).
- Canal interno y respuesta disciplinaria.
- Auditorías internas; contratos con proveedores que excluyan hologramas/materiales pseudo-oficiales.
14) Checklists operativos (48–72 horas)
Acusación (Ayuntamiento/empresa pública):
- Monitoriza redes/marketplaces; captura con fecha/URL (OSINT).
- Test de compra controlada (si procede) para cerrar cadena.
- Informe técnico del formato oficial y patrones para pericial.
- Oficios a pasarelas y mensajerías; traza pagos/envíos.
- Solicitud de entrada/registro, bloqueos y clausura si hay local.
- Pericial documentoscópica completa.
- Cuantificación de RC y decomiso.
Defensa (investigado/empresa):
- Acceder al atestado, autos de entrada y cadena de custodia.
- Impugnar pericial si faltan patrones oficiales o hay fotocopias.
- Aportar evidencia de ausencia de engaño (comunicación “no oficial”), si existiera.
- Negociar conformidad con reparación y entrega voluntaria de equipos.
- Activar compliance y cooperación para atenuar (personas jurídicas).
15) Interrogatorios: guion que centra el caso
Agentes: cómo detectaron la simulación (laminado, tipografías, hologramas), cadena de custodia, perfiles OSINT.
Perito: metodología, patrones oficiales, conclusiones (simulación/alteración), descartes de error.
Funcionario municipal: formato vigente, numeración, imposibilidad de emisión por terceros, perjuicio.
Compradores: qué les prometieron, pago, recepción, uso.
Investigados: rol concreto, conocimiento, origen de plantillas, beneficios, clientes.
16) Petitum que se ejecuta (condena que cobra)
- Penas: prisión (en banda adecuada al continuado/organización), multa proporcional al lucro, inhabilitación si funcionario.
- Decomisos: beneficios, equipos, material y fondos; destrucción de tarjetas y matrices.
- RC: cantidades a favor de la Administración y de compradores; intereses legales y procesales.
- Medidas del art. 129 CP**:** clausura/suspensión del local/actividad, prohibición de volver a realizar encargos similares, intervención si procede.
- Costas: imposición al condenado.
Cláusula oro: decomiso de instrumentos y efectos incluidos activos digitales (wallets) con trazabilidad pericial.
17) Variantes de defensa (cuando hay poco aire)
- Rebajar de oficial a privado (si el soporte no imita, improbable).
- Uso decorativo sin apariencia de habilitación (folletos, stickers descontextualizados).
- Error sobre el permiso del cliente (encargo para “obra teatral” con documentación de producción).
- Cooperación para identificar a proveedor principal a cambio de atenuación.
- Conformidad: pena en mínimos, suspensión, decomiso voluntario, reparación y disculpas institucionales.
18) Conclusión operativa
La venta y distribución de tarjetas de residente falsificadas no es un asunto “menor” de tráfico: es delito de falsedad en documento oficial y, con frecuencia, estafa y delito continuado, con penas de cárcel, multas, decomiso de equipos y responsabilidad civil cuantiosa. La prueba sólida (pericial con patrones oficiales, oficios municipales, OSINT y trazabilidad financiera/logística) convierte el procedimiento en una condena ejecutable. La acusación eficaz pide clausura de locales, bloqueos de fondos, retirada de contenidos y decomisos amplios. La defensa técnicamente solvente examina cadena de custodia, oficialidad del formato, dolo y articula atenuantes con conformidad para evitar ingresos efectivos en prisión.
En JR Abogados desplegamos protocolos de alto impacto: detección OSINT y compra controlada, pericial documentoscópica con patrones, paquete de medidas cautelares, petitum que incorpora decomisos y RC con cálculo defendible, y —si defendemos— minimización penal mediante reparación, colaboración y suspensión. Resultado: o cierre del mercado ilícito con recuperación económica para la Administración y afectados, o minimización del daño penal para investigados que optan por una salida ordenada y legalmente inteligente.
