El delito de malversación es un delito recogido en el código penal que castiga todo hecho ilegal que deba ver con sustracción o bien empleo incorrecto de un patrimonio o bien caudales de propiedad extraña y de carácter público.

Eminentemente el creador del hecho tiene a su cargo la custodia de un patrimonio público extraño, por razones de su cargo y funciones (puesto, responsabilidad, etc). Cruza la ilegalidad en el instante que hace un empleo incorrecto de ellos.
El delito de malversación es uno de los delitos contra la administración pública, efectuado por funcionarios o bien autoridades públicas, regulado en el capítulo siete del título diecinueve del código penal de España.
Malversación por funcionarios públicos
El capítulo de la malversación empieza por el artículo cuatro mil trescientos veintiuno.

El tipo básico de malversación asimismo conocido como “malversación propia“, castiga a las autoridades o bien funcionarios públicos que ejecuten el delito de apropiación infiel del que habla el artículo doscientos cincuenta y dos mas sobre el patrimonio público.
El artículo doscientos cincuenta y dos citado previamente habla del delito de apropiación infiel, castigando a aquellos que tengan facultades para dirigir un patrimonio extraño, y dicha capacitad haya sido manada de la ley, encomendada de una autoridad o bien asumidas a través de un negocio jurídico, y se sobrepasen en su administración creando un perjuicio en el patrimonio administrado.

Las penas aplicables son, cárcel de dos a seis años y también inhabilitación singular para el ejercicio de un cargo público y el sufragio pasivo por tiempo de seis a diez años.

Apropiación incorrecta sobre el patrimonio público
El artículo cuatro mil trescientos veintidos castiga a aquel que se apropie inadecuadamente de unos fondos públicos creando un perjuicio. Precisamente este delito se aplica cuando se ejecuta lo establecido en el artículo doscientos cincuenta y tres, mas sobre el patrimonio de carácter público.

El artículo doscientos cincuenta y tres habla de la apropiación incorrecta de los que, en perjuicio de otro, se apropiaren para sí o bien para un tercero, de cualquier cosa mueble, dinero, efectos, valores… que se hubiesen recibido en forma de depósito, comisión o bien custodia, y de los que tuviesen una responsabilidad con obligación de entregarlos o bien devolverlos. Asimismo se castiga el negar haberlos recibido.

Las penas que se aplican son exactamente las mismas que las del doscientos cincuenta y tres, que por su parte aplica, en dependencia del caso, son las de estafa del doscientos cuarenta y nueve y doscientos cincuenta.

Malversación agravada
El delito de malversación agravada se va a aplicar a los apartados precedentes cuando concurra alguno de los próximos casos:

Ocasionar un grave daño o bien entorpecimiento al servicio público.
Si el valor del daño ocasionado o bien recursos apropiados sobrepasara de cincuenta euros.
Aumenta la pena de cárcel de cuatro a ocho años y también inhabilitación absoluta por tiempo de diez a veinte años.

Si el valor del perjuicio ocasionado sobrepasara de los doscientos cincuenta.000 euros se van a aplicar las penas en su mitad superior, pudiendo llegar hasta la superior en grado.

Malversación mitigada
El delito de malversación mitigada tiene su regulación en el artículo cuatrocientos treinta y tres, castigando todos y cada uno de los hechos citados previamente con pena más baja. Se va a aplicar en el próximo caso:

Cuando el valor del perjuicio ocasionado o bien los recursos apoderados fuesen inferiores a cuatro mil euros.
Las penas mitigadas son las siguientes: cárcel de 1 a dos años, y multa de tres meses y 1 día a doce meses, y en cualquier caso la inhabilitación singular para cargo público y derecho a sufragio pasivo de 1 a cinco años.

Falsificación y revelación de información
En el capítulo de la malversación aparece el artículo cuatrocientos treinta y tres.bis.1 que castiga a los funcionarios o bien autoridades que, de forma ideal ocasionen un perjuicio económico a la entidad pública de la que dependan, y que fuera de los casos previstos en el art. trescientos noventa, falseen su contabilidad, los documentos que reflejen su coyuntura económica o bien la información contenida en ellos.

La pena es de multa de doce a veinticuatro meses y la inhabilitación singular para ejercer cargo público por tiempo de 1 a diez años.

El art. cuatrocientos treinta y tres.bis.2 castiga con exactamente las mismas penas si se facilita a terceros información falsa sobre la coyuntura económica o bien cualquier otra información, de la entidad pública de la que dependen, creando un perjuicio.

En caso de que hubiese un perjuicio económico, se impondrán las penas de cárcel de 1 a cuatro años, multa de doce a veinticuatro meses y también inhabilitación singular para cargo público de tres a diez años.
Disposiciones auxiliares sobre la malversación
Finalizando el capítulo nos hallamos con dos artículos más que completan el delito de malversación.

Reparación del perjuicio ocasionado
El artículo cuatrocientos treinta y cuatro establece que, si el culpable de cualquiera de los hechos tipificados en el capítulo de malversación, hubiese reparado de modo efectivo y también íntegro el perjuicio ocasionado al patrimonio púbico, o bien hubiese cooperado con los agentes y autoridades para conseguir pruebas de identificación, atrapa de otros responsables implicados o bien en cualquier caso el esclarecimiento de los hechos delictivos, se impondrá la pena inferior en 1 o bien dos grados.

Otros responsables de malversación
Otros responsables de malversación, famosa como malversación indigna son los siguientes:

Los que se encuentren encargados por cualquier término de fondos, rentas o bien efectos de las Administraciones públicas.
A los particulares designados legalmente como depositarios de caudales o bien efectos públicos.
A los administradores o bien depositarios de dinero o bien recursos embargados, secuestrados o bien depositados por una autoridad, si bien estos pertenezcan a particulares.
A los administradores concursales, en relación con la masa concursal o bien a los intereses de los acreedores. Por norma general se consideran perjudicados los intereses de los acreedores cuando exista dolo, alterando el orden de los pagos de los créditos que se establezcan por ley.