Empresas de desokupación: promesas rápidas, riesgos legales enormes

Cuando tu vivienda se convierte en una cárcel financiera, emocional y legal porque no puedes acceder a ella, es normal que busques soluciones inmediatas. La desesperación crece con cada mes sin cobrar el alquiler, con cada excusa del inquilino o silencio del okupa. En ese clima, las empresas de desokupación aparecen como un aparente salvavidas. Ofrecen rapidez, efectividad y resultados “sin pasar por los juzgados”.

Pero lo que no te dicen es que tras esas promesas se esconde un abismo legal que puede destrozar tu patrimonio y, peor aún, arrastrarte a procesos penales que marquen tu expediente con antecedentes. Si estás pensando en contratar a una de estas empresas, necesitas leer hasta el final. Tu futuro legal podría estar en juego.


¿Qué son las empresas de desokupación?

Se presentan como mediadores o “gestores de conflictos” entre propietarios y ocupantes. Algunas incluso dicen tener “psicólogos negociadores”, otras optan por el “modelo persuasivo” con visitas reiteradas. Pero en realidad, muchas operan en una zona sin regulación clara, rozando o directamente cruzando la línea de la legalidad.

Usan estrategias como:

  • Visitas en grupo para presionar psicológicamente al okupa o inquilino.
  • Colocación de carteles intimidatorios en el portal.
  • Grabaciones y publicaciones en redes sociales.
  • Acoso diario con amenazas veladas.

Y, en los casos más extremos: intimidación directa o empleo de la fuerza física.


La promesa: “Recuperamos tu vivienda en días”

Esto es lo que venden: rapidez, sin abogados, sin procedimientos lentos. Suena tentador, ¿verdad? Pero como casi todas las promesas demasiado buenas para ser verdad, esconde un coste que puede ser descomunal.

Porque si algo sale mal —una amenaza, una lesión, una presión indebida— el foco judicial se girará hacia ti como propietario, por ser el contratante y promotor de la intervención.


¿Y si acaban denunciándote a ti?

Sí. Aunque tú no estés presente en el “desalojo”, si se demuestra que contrataste a la empresa y que su actuación derivó en un delito, puedes ser considerado responsable civil subsidiario o incluso cooperador necesario. Es decir: te enfrentas a:

  • Juicios penales por coacciones, amenazas, lesiones o allanamiento.
  • Multas cuantiosas.
  • Indemnizaciones civiles a favor del okupa o inquilino.
  • Antecedentes penales que pueden impedirte obtener subvenciones, hipotecas o permisos.

¿Qué dice la ley?

La inviolabilidad del domicilio está protegida por el artículo 18.2 de la Constitución Española. Solo un juez puede ordenar una entrada o desalojo, salvo casos flagrantes donde actúe la policía (por ejemplo, si se está cometiendo un delito en ese momento).

El Código Penal, artículo 172, castiga las coacciones con penas de prisión de seis meses a tres años.
El allanamiento de morada, según el artículo 202, conlleva hasta dos años de cárcel si no hay violencia, y hasta cuatro años si la hay.

Y si el acto lo comete alguien por encargo tuyo, como propietario, y hay pruebas (un contrato, una transferencia bancaria, mensajes…), tú también respondes penal y económicamente.


Casos reales que deberían hacerte pensar

Caso 1: Madrid
Un propietario contrató a una empresa que envió a cuatro personas al piso. Tocaron al timbre a medianoche, grabaron al inquilino en pijama y subieron el vídeo a Instagram. Resultado: denuncia por coacciones, delito contra la intimidad y solicitud de indemnización de 9.000 €.

Caso 2: Barcelona
Una desokupación “exprés” terminó con un enfrentamiento físico. El propietario ni siquiera estaba presente, pero tuvo que comparecer como responsable civil y pagar parte de los daños causados al okupa.


¿Por qué estas empresas siguen funcionando?

Porque la justicia tarda, y cuando la administración no ofrece respuestas rápidas, florece el mercado negro de soluciones “urgentes”. Pero no todo lo que es rápido es legal, ni todo lo que parece eficaz es seguro.
Además, muchas de estas empresas carecen de responsabilidad civil, no tienen seguros, y no te darán respaldo si hay consecuencias. Tú pagarás el precio.


¿Qué puedes hacer como propietario?

Sí existen soluciones legales para recuperar tu vivienda sin manchar tu expediente penal:

1. Enviar un burofax de requerimiento

Es el primer paso legal y sirve como base para el posterior juicio de desahucio.

2. Interponer demanda de desahucio

Según el caso, puede tramitarse por:

  • Impago de rentas.
  • Fin del contrato.
  • Ocupación ilegal (desahucio por precario).

3. Solicitar medidas cautelares

Si hay riesgo de daños, amenazas, o conducta peligrosa, el juzgado puede autorizar medidas urgentes.

4. Documentar todo

Cada prueba (mensajes, pagos, grabaciones) puede acelerar el juicio si se presenta correctamente.


¿Por qué JR Abogados es tu mejor opción?

Porque llevar más de 25 años defendiendo a propietarios como tú nos permite anticipar errores, usar atajos procesales y lograr resultados sin poner en riesgo tu patrimonio ni tu nombre.

En JR Abogados:

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  • Tramitamos desahucios exprés con todos los requisitos procesales.
  • Intervenimos si hay realquiler turístico no autorizado.
  • Respondemos si el okupa te denuncia injustamente.
  • Nos anticipamos para que tu caso no quede bloqueado en el juzgado.

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Preguntas frecuentes

¿Y si la empresa “desokupa” dice que actúa dentro de la ley?
Muchas lo dicen, pero no lo hacen. Si usan presión psicológica, grabaciones o visitas constantes, están vulnerando derechos fundamentales.

¿Y si no tengo contrato con el okupa?
No importa. La ley protege al “poseedor de hecho” incluso si no tiene título legal. Tendrás que iniciar un procedimiento por precario o por usurpación.

¿Puedo recuperar el inmueble antes del juicio?
En algunos casos, sí. Si el okupa abandona, si hay acuerdo amistoso o si el abogado detecta lagunas legales. Pero nunca con fuerza o presión directa.

¿Qué hago si el inquilino realquila por Airbnb?
Eso es causa directa de resolución de contrato. Podemos acreditar la infracción, rescindir el contrato y pedir indemnización.

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El camino legal puede parecer más lento. Pero es el único que te protege.

No pongas en riesgo tu patrimonio, tu nombre ni tu libertad.
Confía en quien conoce la ley y sabe cómo ayudarte sin exponerte.

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