Delito de alcoholemia y antecedentes penales

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El alcohol es una de las principales causas de accidentes de tráfico en España, y las pruebas de alcoholemia son una de las mayores preocupaciones para los conductores que han bebido una o dos copas.

Si además eres extranjero con residencia legal en España y te han impuesto una sanción penal por este motivo, las consecuencias pueden ser graves, es decir, antecedentes penales que te prohibirán renovar tu residencia temporal u obtener la nacionalidad española si estás tramitándola.

¿Cuál es la tasa de alcoholemia?

Es la concentración de alcohol en la sangre o el aliento, es decir, el número de gramos o miligramos en un litro de sangre o aire, respectivamente.

La concentración sanguínea máxima se alcanza entre 30 y 90 minutos después del consumo. La tasa máxima de alcoholemia permitida según las normas administrativas de tráfico es de 1,2 gramos por litro o una tasa de alcoholemia superior a 0,60 miligramos por litro. la obligación de que el conductor se someta a una prueba de alcoholemia:

Hay que recordar que un conductor está obligado legalmente a someterse a una prueba de alcoholemia y que negarse a hacerlo puede dar lugar a dos tipos de responsabilidad:

Administrativo: Podemos ser sancionados por cometer una infracción muy grave, que conlleva una multa de entre 300,51 y 601,01 euros, la suspensión del permiso de conducir hasta 6 meses y, en su caso, la incautación del vehículo.

Delito penal: si nos negamos a realizar la prueba, podemos ser culpables de un delito castigado con penas de 6 meses a 1 año de prisión y la retirada del permiso de conducir de 1 a 4 años.

Derechos del conductor en relación con una prueba de alcoholemia: La medición del alcohol en el aliento espirado se realiza con aparatos llamados «etilómetros».

Si la primera medición es positiva, se realiza una segunda medición, con un intervalo de al menos 10 minutos entre ambas mediciones.

En estos casos, el conductor tiene derecho a:

-pedir a otra persona presente que compruebe que transcurren al menos 10 minutos entre las dos mediciones.

-Hacer las peticiones que él o un acompañante consideren oportunas y que deberán constar en el informe que se redacte.

-Comprobar los resultados obtenidos en una prueba de alcoholemia con un análisis de sangre.

Si el resultado del análisis también es positivo, estamos obligados a pagar los costes asociados a la realización del análisis; en caso contrario, los costes corren a cargo de la administración.

Sanción por conducir bajo los efectos del alcohol: Una condena por conducir bajo los efectos del alcohol conlleva penas de prisión, multa o trabajos en beneficio de la comunidad e inhabilitación para conducir.

El artículo 379 del Código Penal prevé una condena penal por conducir bajo los efectos del alcohol y un porcentaje objetivo.

Según esta disposición, toda persona con una tasa de alcoholemia superior a 0,60 miligramos por litro de aliento o una tasa de alcoholemia superior a 1,2 gramos por litro será condenada a una pena de prisión de 3 a 6 meses o a una multa de 6 a 12 meses o a trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días y, en cualquier caso, a la retirada del permiso de conducción de vehículos a motor y ciclomotores por un período de más de un año y hasta cuatro años.

Es decir, la sanción impuesta será siempre la retirada del permiso de conducir y, además, una de las siguientes sanciones: – prisión de 3 a 6 meses. – Multa de 6 a 12 meses. – Servicio comunitario de 31 a 90 días.

Si es la primera vez que se detiene a una persona por cometer este delito, y siempre que no haya heridos ni víctimas (por ejemplo, en un control rutinario de la Guardia Civil), la fiscalía solicitará la retirada del permiso de conducir y el pago de una multa.

La introducción del nuevo Código Penal (desde el 1 de julio de 2015) no ha modificado la pena para este delito, por lo que sigue siendo la misma.

¿Qué ocurre si la tasa de alcoholemia del conductor es inferior a la prevista en el Código Penal?

En estos casos, si el tribunal considera que el conductor estaba bajo la influencia de bebidas alcohólicas, es decir, si conducía con una capacidad mental y física notablemente mermada, también podrá ser condenado por este delito si no ha alcanzado los niveles antes mencionados.

Cuando un caso de un presunto delito de DUI va a juicio, por lo general hay un juicio rápido.

Es muy probable que el abogado del acusado llegue a un acuerdo con la fiscalía dado que las pruebas de alcoholemia han demostrado que su cliente ha superado el límite legal, por lo que en la mayoría de los casos es aconsejable llegar a este acuerdo antes del juicio, ya que de esta forma el acusado puede beneficiarse de una reducción de 1/3 de la pena solicitada por la fiscalía.

En caso de dar positivo en la prueba de alcoholemia, el agente podrá detener al conductor en cuestión, en cuyo caso deberá mantenerle informado en todo momento de las diligencias que se van a realizar e informarle de sus derechos, pudiendo solicitar todo tipo de documentación, negarse a declarar en comisaría y tener la oportunidad de contactar con un abogado penalista especializado que le sacará de dudas y estará a su disposición para realizar las diligencias pertinentes.

Una condena por conducir bajo los efectos del alcohol es un delito penal y, por tanto, conlleva antecedentes penales.

Si un extranjero tiene antecedentes penales, sea o no residente en España, puede repercutir muy negativamente en la posibilidad de obtener una tarjeta de residencia en España, obtener la nacionalidad española, renovar la residencia y el trabajo o simplemente acceder a determinados empleos públicos.

Es importante distinguir entre la supresión de antecedentes penales y la eliminación de antecedentes penales.

Cancelación de información de antecedentes penales. Plazos para cancelar los antecedentes penales.

Cuando cometemos un delito, se nos inscribe en el registro de antecedentes penales, que recoge el delito que hemos cometido y la pena por la que hemos sido condenados.

Puede ser muy desfavorable tener antecedentes penales, por ejemplo si somos extranjeros y queremos conseguir una tarjeta de residencia en España, obtener la nacionalidad española o simplemente acceder a determinados empleos públicos.

Además, cometer un nuevo delito con antecedentes penales es una circunstancia agravante de la reincidencia.

Sin embargo, estos antecedentes penales no permanecen indefinidamente en el registro de antecedentes penales del Ministerio de Justicia, sino que pueden borrarse o cancelarse, haciendo como si nunca hubieran existido.

Para que el derecho al descarte sea efectivamente reconocido es necesario, además de que haya prescrito la responsabilidad penal, que se cumplan los requisitos exigidos por la ley.

Me han estafado, que tengo que hacer

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El fraude se define en el artículo 248 y siguientes del Código Penal (CP).

Se trata de un delito en el que se utilizan elementos fraudulentos para obtener beneficios a costa de otros.

Cabe señalar que la digitalización ha abierto nuevas oportunidades para este tipo de comportamiento.

Así pues, el fraude en línea es cada vez más frecuente y diverso.

En el artículo de hoy analizaremos este delito, sus características y las penas asociadas al mismo.

También explicamos cómo denunciar el fraude.

Por último, le ofrecemos un enlace a nuestro servicio de contacto con abogados penalistas por si necesita su ayuda. Empecemos.

Fraude: características y sanciones

La conducta constitutiva de fraude es: Engañar a otra persona con la intención de hacerle cometer una disposición perjudicial para sí mismo o para otra persona.

En otras palabras, el defraudador debe obtener un beneficio para que la conducta sea delictiva. Además, no necesita obtenerla del defraudado, ya que el CP reconoce que el perjudicado es un tercero. obtener una transferencia de activos con ánimo de lucro y mediante manipulación informática o similar.

Esto significa que nuestro PC implica procedimientos informáticos en el fraude.

La fabricación, introducción, posesión o promoción de programas informáticos diseñados para cometer fraude.

En esta ocasión, es delito ayudar a cometer un fraude informático.

Utilizar tarjetas de crédito o débito o cheques de viaje para realizar transacciones en perjuicio del titular de la tarjeta o de un tercero.

En otras palabras, cualquiera que utilice instrumentos de pago de terceros también se considera un defraudador.

Sanciones por fraude La pena general para estos delitos es de 6 meses a 3 años de prisión. Pero, ¿cómo se evalúan las sanciones dentro de esta horquilla? Para determinar la sanción específica, hay que tener en cuenta lo siguiente: La magnitud del fraude. La pérdida financiera causada.

La relación con la parte fraudulenta.

Los medios utilizados para cometer el fraude. otras circunstancias.

Teniendo en cuenta que las faltas fueron suprimidas por la reciente reforma de nuestra legislación, para los fraudes cuya cuantía no supere los 400 euros, sólo se impondrá una multa de 1 a 3 meses.

Circunstancias agravantes especiales

Existen determinadas circunstancias que pueden agravar las penas previstas para este delito. Además de las circunstancias agravantes generales, el CP establece que la pena por estafa será de prisión de 1 a 6 años y multa de 6 a 12 meses, cuando:

El fraude se comete con objetos necesarios o de reconocida utilidad pública, como una vivienda.

También se castiga con esta sanción el fraude contra el patrimonio artístico, histórico, cultural o científico.

Uso indebido de la firma de otra persona u ocultación o deshonra de registros o documentos públicos de cualquier tipo.

El valor asciende a 50.000 euros, o sea que hay muchas personas afectadas.

Abuso de relaciones personales, empresariales o de autoridad profesional.

El delincuente es reincidente.

Se ha cometido un fraude procesal que ha dado lugar a un error jurisdiccional.

Esta circunstancia agravante puede dar lugar a una sanción aún más severa si concurren varias de las circunstancias o si el valor de la cantidad defraudada supera los 250.000 euros.

Sanciones para las personas jurídicas Nuestro Código Penal reconoce actualmente la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Este tipo de responsabilidad suele surgir en relación con delitos económicos como el fraude. Así, cuando una persona jurídica es declarada responsable, se le imponen las siguientes sanciones Bien.

Cuando la pena prescrita es la prisión durante más de cinco años, la multa es de tres a cinco veces la cantidad defraudada.

En los demás casos, se duplicará hasta el doble.

Despido.

Prohibición de participar en actividades relacionadas con la conducta delictiva durante los próximos 5 años.

Cierre de locales y objetos durante el mismo periodo.

Exclusión de la percepción de subsidios y prestaciones públicas durante un máximo de 15 años.

Intervención judicial de hasta 5 años para proteger los derechos de trabajadores y acreedores.

Cómo denunciar el fraude

La Guardia Civil tiene una página (algo desactualizada) con consejos para evitar ser víctima de este tipo de delitos.

Pero a veces hay poca precaución, o nos descuidamos un momento y de repente vemos que hemos sido víctimas de un estafador.

Esto es especialmente cierto en Internet, donde las estafas virtuales evolucionan constantemente para sorprendernos.

En resumen, si ha sido víctima de una estafa, denúnciela.

Así podremos conseguir lo que nos han estafado, recuperar lo que nos han quitado, parar los pies al defraudador y ayudar a las autoridades a encontrar y prevenir nuevas formas de cometer este delito.

Juicio rapido por atentado contra la autoridad

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¿En qué consiste el delito de «atentado contra una autoridad pública»?

El delito de «atentado a una autoridad pública» es la agresión o resistencia grave (incluida la intimidación grave o la violencia) contra una autoridad pública, sus empleados o funcionarios en el ejercicio de sus funciones.

Regulación e intereses jurídicos protegidos Se regula en los artículos 550-556 del Código Penal, en el capítulo II, titulado «Agresión a la autoridad del Estado, sus agentes y funcionarios, y resistencia e insubordinación«.

El delito puede consistir en agresión, resistencia violenta grave o intimidación grave o lesiones corporales. Se trata de un delito deliberado, lo que requiere que exista una intención delictiva.

El interés jurídico protegido por el delito de «atentado contra una autoridad pública» es garantizar el buen funcionamiento de los servicios y funciones públicas.

A efectos penales, según el artículo 24 del Código Penal, autoridad es toda persona que, por sí sola o como miembro de un órgano, tribunal o colegio, tiene poder de mando o ejerce su propia jurisdicción.

Por otra parte, un funcionario público es toda persona que, en virtud de una disposición legal directa, por elección o nombramiento de una autoridad competente, participa en el ejercicio de funciones públicas.

En otras palabras, el nombramiento y la participación en funciones públicas son suficientes para extender la protección de este delito a los funcionarios públicos.

De hecho, el segundo párrafo del apartado 1 del artículo 550 menciona específicamente a los profesores y a los funcionarios de salud pública en el ejercicio de sus funciones.

Todos los sujetos pasivos protegidos por este derecho deben desempeñar las funciones propias de su cargo.

Sin embargo, también están protegidos si el acto se basa en un acto previo en el ejercicio de sus funciones.

El ejercicio excesivo o indebido de sus funciones conlleva la pérdida de autoridad y, por tanto, de la protección especial.

Forma agravada del delito de «atentado a autoridad pública». 

El delito de «atentado a una autoridad pública» se regula de forma agravada en el artículo 551.

Las penas más elevadas se imponen si el atentado coincide con alguna de estas circunstancias: Agresión con armas u otros objetos peligrosos.

Si el acto violento cometido supone un peligro potencial para la vida humana o puede causar lesiones graves. Esto incluye el lanzamiento de objetos contundentes o líquidos inflamables, los incendios provocados y el uso de explosivos.

Agresión a una autoridad pública, a su agente o funcionario utilizando un vehículo de motor.

Si los hechos se cometieron con ocasión de un motín, sublevación o incidente colectivo en un establecimiento penitenciario.

¿Quién está protegido de este delito?

Los sujetos pasivos de este delito son los funcionarios y empleados públicos en el ejercicio de sus funciones. Sin embargo, las penas previstas en los artículos 550 y 551 se aplican cuando la agresión se dirige contra una persona:

La autoridad, sus funcionarios o empleados públicos en el ejercicio de sus funciones.

Miembros de las fuerzas armadas que, en uniforme, desempeñan funciones profesionales que les asigna la ley.

Personas que acuden en ayuda de la Autoridad, sus funcionarios o empleados.

Bomberos, personal médico o equipos de rescate que intervienen en caso de catástrofe, emergencia pública o urgencia con el fin de impedirles ejercer sus funciones.

Personal de seguridad privada debidamente identificado que realiza actividades de seguridad privada en cooperación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y bajo su mando.

Abogado para juicio rápido

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Abogados rápidos en Madrid

Nuestro despacho de abogados penalistas, JR Abogados, está especializado en juicios rápidos. En estos casos penales, es esencial ofrecer una asistencia rápida y reactiva las 24 horas del día para garantizar una defensa de calidad.

¿Le han citado para un juicio rápido? ¿Ha cometido un delito por conducir ebrio?

El Juicio Rápido es ahora la estrella de la fiscalía, utilizado para investigar y enjuiciar aquellos procesos que son fáciles de investigar y en los que el acusado ha sido prácticamente detenido «in fraganti».

Cada juicio rápido tiene su propia especialidad y dificultad, por lo que un abogado penalista debe analizar qué línea de defensa es la mejor para defender con éxito los derechos de sus clientes.

¿Es obligatorio comparecer a un juicio rápido asistido de abogado?

Sí, en cuyo caso es obligatorio ir acompañado de un abogado. Si no designa un abogado, un abogado le representará en su nombre.

¿Qué puede ocurrirle en un juicio rápido? Hay cuatro consecuencias que pueden producirse cuando se le convoca a un juicio rápido:

En primer lugar, el juez entenderá que los hechos nunca ocurrieron y dictará una orden de archivo del caso.

En segundo lugar, el juez decide que necesita investigar más el caso y, por tanto, sustituye el juicio rápido por una vista preliminar.

La tercera posibilidad es que el juez dé por concluida la investigación y el fiscal presente cargos, tras lo cual no aceptamos el veredicto y unos días después acudimos al tribunal penal para conocer los hechos del caso.

En cuarto lugar, cuando el fiscal nos acusa, aceptamos la sentencia y aceptamos la acusación, lo que reduce la pena en el Código Penal en un tercio.

Es muy importante elegir un abogado experto que pueda defenderle de la mejor manera posible.

Un buen abogado penalista debe saber qué es lo mejor, si aceptar el veredicto de la fiscalía, defender su inocencia más adelante ante un tribunal penal o intentar llevar a cabo una investigación para averiguar lo ocurrido, si es necesario.

La vía rápida es un proceso de justicia penal que permite un enjuiciamiento más ágil de determinados delitos.

Se aplica a la investigación y el enjuiciamiento de delitos castigados con menos de cinco años de prisión, otras penas de menos de diez años, o cuando se ha iniciado un procedimiento penal a raíz de un informe policial y la persona detenida ha comparecido ante el tribunal o ha sido citada a comparecer.

Garantizamos asistencia jurídica durante todo el procedimiento judicial. Atención personal y profesional Asistencia durante todo el proceso judicial Contacto 24 horas con un especialista en derecho penal.

¿Cuánto puede cobrar un abogado por un juicio rápido?

Los abogados no tienen que ceñirse a un precio determinado, ya que este aspecto no está regulado.

A diferencia de los abogados, que tienen unos honorarios determinados en función del tipo de procedimiento.

Sin embargo, los procedimientos sumarios son sencillos y breves, por lo que no son complicados.

Por esta razón, los abogados no suelen cobrar precios elevados por este tipo de procedimientos judiciales.

A título orientativo, podemos hablar de un precio de entre 300 y 600 euros.

¿Es mejor contratar a un abogado privado que a un abogado de oficio?

Aunque esta cuestión suscita cierta controversia, porque en realidad los mismos abogados pueden ser tanto privados como públicos, es cierto que suele ser más interesante contratar a un abogado privado.

Esto se debe principalmente a que al elegir un abogado, puede asegurarse de que tiene experiencia y está especializado en litigios acelerados.

Como ya hemos dicho, estos juicios son muy sencillos.

Sin embargo, es este aspecto el que puede jugar en contra de un abogado inexperto, ya que no dispondrá de mucho tiempo para preparar el caso en estos procedimientos.

No hay que olvidar que los delitos que se persiguen por la vía rápida suelen conllevar penas de prisión. Así, al elegir un abogado privado, podrá elegir a su abogado.

La situación es diferente en el caso de una solicitud de designación de abogado por el tribunal, en la que no hay elección de abogado. Además, hay que distinguir entre asistencia jurídica y representante legal.

Para ser gratuita, la justicia gratuita debe estar reconocida por la comunidad autónoma. Para ello, es necesario demostrar la ausencia de ingresos y bienes.

De lo contrario, el representante legal cobra unos honorarios por los servicios prestados.

¿Es necesario un fiscal para el procedimiento acelerado?

Sí, aunque tenga que comparecer en el procedimiento acelerado, es necesario que le represente un abogado.

¿Qué delitos pueden perseguirse en un juicio rápido?

Los procedimientos acelerados se aplican a los delitos enumerados en el artículo 795 del Código de Procedimiento Penal: Delitos graves.

Lesiones corporales, coacciones, amenazas o violencia física o psíquica habitual cometidas contra las personas a que se refiere el apartado 2 del artículo 173 del Código Penal (en particular, parejas o ex parejas y otros miembros de la familia).

Robo.

Robo.

Robo y expoliación de vehículos.

Delitos contra la seguridad vial.

Delitos penales de daños en virtud del artículo 263 del Código Penal.

Delitos contra la salud pública con arreglo al artículo 368, párrafo segundo, del Código Penal.

Delitos graves relativos a la propiedad intelectual e industrial en virtud de los artículos 270, 273, 274 y 275 del Código Penal.

Delitos cuya investigación se presume sencilla.

Esto se aplica siempre que:

Son delitos castigados con una pena privativa de libertad no superior a cinco años, o delitos castigados con una pena de otra naturaleza, separada, conjunta o alternativa, no superior a diez años.

El procedimiento penal se incoará sobre la base de un informe policial.

La policía judicial ha detenido a la persona y la ha puesto a disposición del juzgado de guardia o no la ha detenido pero la ha citado ante el juzgado de guardia porque estaba mencionada en el atestado policial.